Derechos y libertades digitales de las personas

EE. UU. endurece el control digital a turistas: redes sociales y privacidad en el centro del debate

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Viajar a Estados Unidos podría dejar de ser un trámite relativamente sencillo para millones de personas. La Administración Trump ha anunciado una propuesta que obligaría a los viajeros que utilicen el Visa Waiver Program (VWP) a declarar los identificadores de redes sociales usados en los últimos cinco años como parte del proceso de autorización de viaje.


La medida, publicada por la U.S. Customs and Border Protection (CBP), forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar el control migratorio y «examinar a los visitantes al máximo nivel posible». Si se aprueba, entraría en vigor el 8 de febrero y afectaría a ciudadanos de 42 países, principalmente europeos, además de Australia y otros socios tradicionales de EE. UU.


Más datos personales, más preguntas


El cambio no se limita a las redes sociales. El formulario ESTA pasaría a exigir también:


  • Todas las direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años.
  • Información detallada sobre familiares directos (padres, hermanos, hijos y cónyuges), incluyendo nombres, fechas y lugares de nacimiento y domicilios.

Aunque el aviso se encuentra en fase de consulta pública durante 60 días, el alcance de la información solicitada ha generado inquietud inmediata, tanto dentro como fuera del país.


El impacto en el turismo y los negocios


Desde el sector turístico estadounidense, las reacciones han sido cautelosas pero preocupadas. La U.S. Travel Association ha advertido de que un proceso de entrada demasiado intrusivo puede provocar que los viajeros internacionales opten por otros destinos.


Esta preocupación no es menor si se tiene en cuenta el contexto: Estados Unidos será uno de los anfitriones del Mundial de Fútbol de 2026, un evento que se espera atraiga a millones de visitantes y contribuya a revitalizar el turismo internacional, que ha sufrido un descenso en los últimos años.


Las críticas no se han hecho esperar. La senadora demócrata Patty Murray ha ironizado e indicado que «sería más fácil prohibir directamente el turismo». Desde el ámbito académico, algunos analistas han señalado que el nivel de control propuesto resulta incluso más restrictivo que el aplicado por países con políticas fronterizas tradicionalmente duras.


Estas comparaciones han alimentado el debate sobre si la medida es realmente eficaz desde el punto de vista de la seguridad o si, por el contrario, supone un coste reputacional para EE. UU.


Privacidad digital: el gran debate de fondo


Desde una perspectiva de derecho digital, la propuesta plantea cuestiones clave sobre privacidad y tratamiento de datos personales. La recopilación masiva de información online y familiar contrasta con principios como la minimización y la proporcionalidad, ampliamente consolidados en normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa.


Aunque estas normas no sean directamente aplicables en EE. UU., sí influyen en la percepción que ciudadanos y empresas extranjeras tienen sobre la seguridad y el uso de sus datos.


Seguridad, dinero y contradicciones


De forma paralela, la Administración ha lanzado programas como la denominada «gold card», que permitiría obtener la residencia permanente a quienes inviertan un millón de dólares, o una futura «platinum card» de cinco millones. Una dualidad que refuerza la sensación de que el control no se aplica de igual forma a todos los perfiles.


En un mundo cada vez más digital, las fronteras ya no solo se controlan con pasaportes, sino también con datos. Y la pregunta clave sigue abierta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la seguridad?


Como siempre, cuidad los datos y ¡cuidaos!

Biometría en turbulencias: qué revela la sanción millonaria de la AEPD a AENA

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La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto a AENA la multa más elevada de su historia: 10.043.002 € por la utilización de sistemas de reconocimiento facial en varios aeropuertos sin haber llevado a cabo una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) completa y válida, conforme a lo exigido por el artículo 35 del RGPD. La resolución, extensa y detallada, ofrece un análisis exhaustivo de las deficiencias detectadas en el diseño y la documentación del tratamiento de datos biométricos por parte de la entidad.


El expediente deja claro que el problema no fue la adopción de tecnología biométrica como concepto, sino cómo se diseñó y se justificó su implantación. La Agencia concluye que AENA no acreditó adecuadamente la necesidad, proporcionalidad ni los riesgos del sistema, aspectos que constituyen el núcleo de una EIPD robusta y previa.


Un tratamiento de alto riesgo sin una EIPD adecuada


A lo largo de la resolución, la AEPD identifica diversas carencias estructurales en la evaluación presentada por AENA:


  • Insuficiencia en el análisis de necesidad y proporcionalidad. Las EIPD no demostraban por qué era imprescindible recurrir a un sistema de identificación 1:N, basado en comparación contra bases de datos centralizadas, cuando existían métodos menos invasivos que podían cumplir la misma finalidad operativa.
  • Análisis de riesgos incompleto y desalineado con el proyecto inicial. La documentación aportada no incluía el análisis de riesgos original de 2021; en su lugar, se presentó uno elaborado en 2023, desconectado del diseño previo y, por tanto, incapaz de justificar el tratamiento desde su concepción.
  • Metodología inadecuada para un proyecto de alta complejidad. La Agencia subraya que se utilizaron herramientas orientadas a organizaciones más pequeñas, no adecuadas para un sistema implantado en varios aeropuertos y que trataba datos de categoría especial.
  • Falta de coherencia entre las advertencias recibidas y la continuidad del proyecto. AENA había planteado consultas previas en las que reconocía dificultades para reducir el riesgo a niveles aceptables, pero, aun así, avanzó hacia fases piloto y operativas sin disponer de una EIPD completa.

Un matiz importante: la AEPD no rechaza la biometría en aeropuertos


Aunque la sanción sea contundente, la Agencia no cuestiona que la biometría pueda utilizarse legítimamente en aeropuertos. De hecho, la propia resolución alude al Dictamen 11/2024 del Comité Europeo de Protección de Datos, que describe modelos de uso compatibles con el RGPD.


La clave está en el diseño. Existen escenarios en los que la tecnología biométrica se basa en:


  • Plantillas almacenadas únicamente en el dispositivo del pasajero.
  • Comparaciones 1:1 locales y efímeras.
  • Ausencia de almacenamiento centralizado por parte del operador.

Este tipo de soluciones, menos intrusivas y más contenidas, podrían superar el juicio de necesidad y proporcionalidad que exige el RGPD y que la AEPD ha echado en falta en el caso de AENA.


Conclusión: un aviso y una hoja de ruta


La sanción no cierra la puerta a la biometría, pero sí marca un estándar claro: cualquier tratamiento de este tipo exige justificación sólida, metodología adecuada y una EIPD exhaustiva, previa y bien fundamentada. La innovación y la eficiencia operativa son compatibles con la protección de datos, siempre que se integren desde el diseño las garantías necesarias.


Como siempre, cuidad los datos y ¡cuidaos!


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Ni anonimato ni IA: el RGPD se aplica incluso a las imágenes manipuladas digitalmente

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los fenómenos más alarmantes del entorno digital: la difusión de imágenes falsas de desnudos («deepnudes») creadas mediante inteligencia artificial. Ha impuesto una multa de 2.000 € (reducida finalmente a 1.200 € por reconocimiento y pago voluntario) a un particular por difundir imágenes manipuladas de menores en grupos de mensajería instantánea.


Aunque el sancionado no generó las imágenes, su participación en la difusión fue suficiente para que la Agencia apreciara una infracción del artículo 6.1 del RGPD, al tratarse de un tratamiento de datos personales sin base jurídica legítima.


Lo que dice el RGPD (y por qué importa aquí)


El artículo 6 del RGPD establece que todo tratamiento de datos personales debe fundarse en una base de licitud: consentimiento, obligación legal, interés público, contrato o interés legítimo. Si ninguna de ellas concurre—como en este caso—, el tratamiento es ilícito, incluso si el infractor no obtiene beneficio ni persigue un fin sexual.


La AEPD recuerda que el rostro de una persona es un dato personal (art. 4 RGPD), y que alterarlo o combinarlo con otro cuerpo no elimina esa condición, sino que la agrava: se crea una asociación falsa en un contexto íntimo, con potencial de causar graves daños reputacionales.


Por tanto, reenviar o publicar este tipo de imágenes constituye un tratamiento adicional, que requiere consentimiento y proporcionalidad. La ausencia de ambas bases legitima la sanción.


La IA no borra la responsabilidad


La resolución refuerza una idea clave: el uso de inteligencia artificial no exime de responsabilidad. La tecnología puede automatizar el daño, pero la decisión de compartir sigue siendo humana. Además, cuando los afectados son menores de edad, entra en juego el artículo 84 de la LOPDGDD, que refuerza la protección frente a la difusión de imágenes que puedan vulnerar su dignidad o derechos fundamentales.


Lecciones que deja el caso


  • La IA no anula la ley: las imágenes sintéticas siguen siendo datos personales si permiten identificar a una persona.
  • Compartir también es tratar: reenviar o publicar implica tratamiento y puede acarrear sanción.
  • Los menores cuentan con una protección reforzada, lo que eleva la gravedad de la infracción.
  • El RGPD es plenamente aplicable a la IA generativa: sus principios de licitud, minimización y proporcionalidad siguen siendo la base del cumplimiento.

Conclusiones


La sanción de 1.200 € —tras reducciones por reconocimiento y pago voluntario— resulta, cuanto menos, llamativamente baja si se compara con la gravedad moral y social de difundir imágenes falsas de desnudos de menores.


Aunque el RGPD permite graduar las multas en función de la proporcionalidad, cabe preguntarse si este tipo de conductas no merecerían también respuesta penal, especialmente cuando concurren elementos de humillación, acoso o afectación grave a la dignidad personal.


El caso invita a un debate necesario:


  • ¿Estamos aplicando sanciones realmente disuasorias frente a los nuevos riesgos digitales?
  • ¿Debe el Derecho penal intervenir cuando la inteligencia artificial amplifica el daño a menores?

La AEPD ha puesto el foco en la ilicitud del tratamiento de datos, pero la reflexión jurídica—y ética—va más allá: la tecnología puede replicar rostros, pero no puede replicar el consentimiento… ni reparar el daño emocional causado.


Como siempre, cuidad los datos y ¡cuidaos!


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La nueva fiebre digital: ¿cuánto cuesta tu voz en el mercado de la IA?

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En apenas unos días, Neon se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas del momento. Su propuesta parece irresistible: pagar a los usuarios por grabar y vender sus llamadas telefónicas. Hasta 30 dólares al día por dejar que su voz—y las conversaciones que mantiene—se utilicen para entrenar modelos de inteligencia artificial.


La idea es sencilla: Neon registra las llamadas del usuario y, si ambos interlocutores tienen instalada la app, ambas voces se utilizan para alimentar sistemas de IA que aprenden a reconocer, imitar o analizar el lenguaje humano. A cambio, el usuario recibe una pequeña compensación económica por minuto grabado.


Pero detrás del atractivo modelo «tecnología a cambio de dinero», surgen enormes interrogantes legales y éticos. ¿Sabemos realmente qué estamos cediendo cuando aceptamos grabar nuestra voz?


Datos biométricos: la voz como identidad digital


A diferencia de un simple dato personal, la voz es un identificador biométrico único, pues permite reconocer, imitar y suplantar identidades. Por ello, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo la considera dato sensible y su tratamiento requiere un consentimiento explícito e informado.


El problema es que, según los términos de uso de Neon, el usuario otorga a la empresa una licencia amplia y prácticamente ilimitada para «reproducir, almacenar, modificar y distribuir» sus grabaciones. En la práctica, esto implica ceder el control total sobre un dato que no solo revela la voz, sino también información contextual, emocional y de terceros.


De hecho, si la llamada es con alguien que no utiliza Neon, la app igualmente graba la parte del usuario… pero inevitablemente se captan fragmentos de la otra persona. Esto plantea dudas serias en materia de consentimiento de los interlocutores y vulnera principios básicos de minimización y finalidad del RGPD.


Entre la curiosidad y el riesgo


La empresa asegura que las grabaciones se anonimizan antes de ser vendidas a terceros. Sin embargo, expertos en seguridad digital alertan: la voz es extraordinariamente difícil de anonimizar. Puede utilizarse para crear imitaciones perfectas mediante IA, abrir cuentas bancarias, o incluso suplantar a familiares en estafas telefónicas.


Además, las incongruencias detectadas entre las tarifas anunciadas en la App Store y las publicadas en la web de Neon generan dudas sobre la transparencia real del modelo.


Conclusión: el verdadero precio de la voz


El éxito viral de Neon demuestra una tendencia preocupante: cada vez más usuarios están dispuestos a monetizar su privacidad a cambio de beneficios inmediatos. La «economía del dato» evoluciona hacia un escenario donde la identidad se convierte en un activo comercializable, sin que muchos comprendan las consecuencias a largo plazo.


Ceder la voz no es inocuo, es ceder una parte irrepetible de nuestra identidad digital. Por eso, antes de aceptar los «términos y condiciones», conviene preguntarse: ¿cuánto vale realmente mi voz? ¿Y quién la escuchará cuando ya no sea mía?


Como siempre, cuidad los datos y ¡cuidaos!

Cuando el control de accesos sobrepasa la huella de la legalidad

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto un caso que ilustra perfectamente los riesgos de implantar sistemas biométricos sin una base legal sólida ni un análisis de proporcionalidad. La sanción de 250.000 euros a Loro Parque, S.A. por el uso de huellas dactilares para controlar el acceso con la entrada «Twin Ticket» (TT) abre un debate crítico: ¿hasta dónde pueden llegar las empresas al verificar la identidad de sus clientes, y con qué salvaguardas?


Hechos


Loro Parque y Siam Park, ambos en Tenerife, ofrecían una entrada combinada TT que permitía visitar ambos recintos a precio reducido. Para evitar el uso fraudulento de esta oferta, el parque implantó un sistema de verificación basado en captura de 10 puntos de coincidencia de la huella dactilar del visitante en el primer acceso. Esa información se encriptaba, convirtiéndose en una «representación matemática» que se usaba para confirmar que la misma persona accedía después al segundo parque.


La empresa ha alegado que el tratamiento no implicaba datos personales según el RGPD porque no se almacenaban imágenes de la huella y la plantilla biométrica no permitía identificar a una persona de forma directa ni realizar ingeniería inversa.


Sin embargo, la AEPD ha concluido lo contrario: las plantillas biométricas derivadas de huellas sí son datos personales cuando se usan para autenticar o verificar la identidad de un individuo.


La AEPD recuerda que el art. 9 RGPD prohíbe tratar datos biométricos salvo en supuestos tasados y, en este caso, no existía consentimiento válido ni otra base legal aplicable. En este sentido, subraya que el consentimiento no puede considerarse libre cuando no se ofrece una alternativa real al uso de la huella.


Además, no se había realizado la preceptiva Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) ni un análisis documentado de proporcionalidad.


Conclusión


Este caso marca un precedente importante para cualquier empresa que utilice sistemas biométricos, especialmente en contextos no esenciales como el ocio. La AEPD ha sido clara:


  • Las plantillas biométricas son datos personales si permiten autenticación, aunque estén cifradas y desvinculadas de nombres u otros datos.
  • La proporcionalidad es clave: debe demostrarse que no hay métodos menos intrusivos para lograr el mismo fin.
  • El consentimiento debe ser libre y con alternativas, lo que implica ofrecer otro método de verificación sin penalización para el usuario.

Para el sector, el mensaje es evidente: la implementación de biometría requiere un sólido soporte legal, una EIPD completa y una evaluación de alternativas menos invasivas. De lo contrario, el coste en sanciones —y en reputación— puede ser mucho más alto que el fraude que se pretendía evitar.


Como siempre, cuidad los datos y ¡cuidaos!


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IA bajo control: a partir del 2 de agosto, innovar sin cumplir la ley dejará de ser una opción

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A partir de mañana 2 de agosto de 2025, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (RIA) comenzará a aplicar la mayoría de sus disposiciones, marcando un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial en Europa.


Y no, no hace falta usar un sistema de IA avanzado para estar afectado. Desde esa fecha, todas las herramientas que utilicen IA deberán cumplir con obligaciones básicas, incluso si no se consideran de alto riesgo. Por ejemplo, si usas chatbots u otros asistentes conversacionales con IA, deberás informar claramente al usuario de que está interactuando con un sistema automatizado; y, si generas contenido con IA (imágenes, vídeos, textos), deberás advertir que ha sido creado con inteligencia artificial.


Asimismo, aunque no es obligatorio, también se recomienda explicar cómo funciona la automatización, para reforzar la transparencia.


¿Cuándo se considera que un sistema es de alto riesgo?


Solo en determinados casos, como sistemas de IA que afectan a:


  • Procesos de contratación o evaluación laboral.
  • Educación y evaluación de estudiantes.
  • Acceso a servicios esenciales o públicos (salud, vivienda, crédito, inmigración).
  • Biometría, vigilancia o diagnóstico médico.
  • Aplicación de la ley o decisiones judiciales.
  • Infraestructuras críticas, transporte o sistemas industriales.

Si tu sistema entra en una de estas categorías, las exigencias legales se multiplican: tendrás que realizar análisis de riesgos, garantizar la supervisión humana, documentación técnica exhaustiva, implementar medidas de ciberseguridad, registro en una base de datos europea y cumplir con los requisitos de inspección y supervisión regulatoria.


Cuidado con la confusión entre «modelo» y «sistema»


El Reglamento de IA distingue entre modelos de IA (como GPT, Gemini o Claude) y sistemas de IA, que son las herramientas concretas que los integran (como un chatbot, una app o una plataforma de gestión documental). Las obligaciones comentadas se aplican a los sistemas, no directamente a los modelos base.


Conclusión


A partir de este 2 de agosto, ya no hay excusas. Si tu empresa usa inteligencia artificial —aunque sea de forma básica o puntual—, debe conocer y cumplir con las nuevas reglas. Porque la innovación no está reñida con la transparencia y, en la nueva era de la IA, cumplir la normativa será parte del diseño.


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Revolución Legal: Nuevas Medidas Contra el Abuso Digital Infantil

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El Gobierno español ha aprobado un proyecto de Ley Orgánica innovador para proteger a los menores en entornos digitales, abordando problemas como el grooming, las deepfakes sexuales y el acceso indiscriminado a contenido inapropiado. Presentada por los ministros Félix Bolaños y Sira Rego, esta norma busca posicionar a España como referente en la regulación del entorno digital para menores. El texto incluye reformas legales, controles tecnológicos y medidas educativas y sanitarias.


Entre los puntos más destacados está la reforma del Código Penal, que introduce nuevas figuras delictivas y agrava penas existentes. Por ejemplo, se tipifica como delito el uso de inteligencia artificial para crear deepfakes sexuales o vejatorios, con penas de prisión de hasta dos años. También se regula el grooming (práctica en la que adultos engañan a menores para obtener material pornográfico) y se considera como un agravante en delitos contra la libertad sexual. Además, se crean las órdenes de alejamiento digital, que prohíben a los agresores interactuar con sus víctimas en redes sociales u otras plataformas virtuales.


La ley también obligará a fabricantes de dispositivos digitales a incluir controles parentales gratuitos y fáciles de usar desde fábrica. Estos controles estarán disponibles en móviles, tabletas, televisores inteligentes y ordenadores. Asimismo, se eleva de 14 a 16 años la edad mínima para que los menores puedan dar su consentimiento al tratamiento de datos personales en redes sociales.


En el ámbito educativo, se impulsarán programas de alfabetización digital para enseñar a los menores a identificar riesgos y combatir desinformación. Los centros educativos tendrán autonomía para regular el uso de dispositivos electrónicos en sus instalaciones.


Por otro lado, en el sector sanitario, se implementarán pruebas en atención primaria para detectar problemas asociados al uso excesivo o inadecuado de tecnologías entre los jóvenes.


La norma también afecta a plataformas digitales y creadores de contenido con gran alcance, exigiéndoles implementar sistemas efectivos de verificación de edad y etiquetado claro sobre contenido potencialmente dañino. Además, prohíbe el acceso de menores a prácticas como las cajas de recompensa (loot boxes) en videojuegos.


Por último, se anuncia una Estrategia Nacional liderada por el Ministerio de Juventud e Infancia, que incluirá campañas informativas y una escuela para padres sobre entornos digitales. Con esta ley, España busca no solo proteger a los menores frente a riesgos actuales, sino también anticiparse a futuros desafíos tecnológicos.


Conclusión


La aprobación del proyecto de ley para proteger a menores en entornos digitales marca un hito en la regulación tecnológica en España. Con medidas como controles parentales obligatorios, reformas del Código Penal y programas educativos, el país busca liderar la protección infantil en el ámbito digital. Esta norma no solo aborda problemas actuales como el grooming y las deepfakes, sino que también establece un marco legal pionero para enfrentar futuros desafíos tecnológicos.


Como siempre, cuidad los datos y ¡cuidaos!

Cómo un acceso a ASNEF costó el puesto a un directivo bancario: El TS equipara consultar morosidad sin causa al robo de información

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La Sentencia del Tribunal Supremo nº37/2025 resuelve un recurso de casación presentado por Banco Sabadell SA contra una sentencia que declaró improcedente el despido disciplinario de un empleado por accesos no autorizados a ficheros de morosidad y retrocesión irregular de comisiones.

Hechos probados

El trabajador, que llevaba desde el 2000 trabajando para el Banco Sabadell, consultó datos en ficheros de morosidad de varias personas y empresas sin consentimiento, algunas de ellas sin relación contractual con el banco. Por ello, la entidad bancaria le comunicó su despido disciplinario, fundamentado en infracciones muy graves tipificadas en el art. 69.1 del convenio colectivo del sector de Banca, relativo al art. 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

El Banco alegó que el trabajador realizó varias consultas sin justificación de ficheros de morosidad. Concretamente, el empleado realizó, sin justificación alguna, búsquedas de hasta 4 personas físicas y una empresa en seis fechas distintas. Una de estas personas investigadas presentó una queja al Banco por haberse consultado sus datos personales tener una base legítima para ello y reclamó que se le compensara el daño ocasionado.

Asimismo, el actor también realizó retrocesiones de comisiones por un valor de 133’80€ a favor de un amigo que era cliente de otra oficina.

El trabajador despedido defendió sus acciones alegando que realizó los accesos a los ficheros de morosidad como una mera acción comercial. Por otro lado, respecto a las retrocesiones de comisiones, indicó que lo realizó como un favor a su amigo personal.

No obstante, el Banco decidió ejecutar el despido disciplinario al considerar los hechos como muy graves y constitutivos de transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza en el desempeño del trabajo y fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas.

Decisión del Tribunal Supremo

En este supuesto, el Tribunal Supremo considera probada la transgresión de buena fe contractual y abuso de confianza por parte del ahora ex-empleado y subraya el uso indebido de facultades directivas para beneficiar a terceros sin interés empresarial. Además, destaca que los accesos realizados en más de una ocasión fueron accesos a datos sensibles sin base legítima, por lo que se constituye una vulneración del art. 20 de la LOPDGDD, precepto que indica que solo se puede consultar la información de los sistemas de información crediticia cuando se mantuviese una relación contractual con el afectado.

Por otro lado, se identifica también una vulneración del art. 5.1.f) RGPD, el cual prevé que los datos personales deben ser tratados garantizando una seguridad adecuada, incluyendo la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito (principio de confidencialidad).

Conclusión

Esta sentencia sienta precedente sobre el alcance del deber de lealtad en el manejo de datos personales, estableciendo que el uso no autorizado de sistemas de información crediticia por directivos bancarios, aunque sea puntual, justifica la extinción contractual por riesgo sustancial para los intereses empresariales.

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Límites del control empresarial: Cuando registrar un despacho se convierte en delito

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara que el registro del despacho de un trabajador despedido, sin su presencia ni la de representantes legales ni notario, constituye una vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la dignidad.

En la STSJM 383/2024, el Tribunal considera que la empresa realizó un registro del despacho de la trabajadora sin las debidas garantías, empezando por el hecho de que se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2022, mismo día de su despido.

Si bien la empresa ofreció a la trabajadora la devolución de sus objetos personales, el mismo día procedió al registro de su despacho, sin esperarse a su respuesta y sin cerciorarse de que la trabajadora hubiese recibido la carta de despido. Además, aparte de realizarse sin la presencia de la trabajadora ni de ningún miembro del comité de empresa ni de otro empleado que pudiera actuar como testigo, se forzó un armario cerrado con llave y se accedió a la cajonera de la mesa del escritorio, en la que había enseres personales y material de trabajo.

La parte demandada alega que «el acceso al despacho de la demandante fue idóneo, necesario y proporcionado, para recuperar la documentación confidencial que la trabajadora decía guardaba en el mismo». El Tribunal, sin embargo, indica que «esta afirmación no se corresponde con las afirmaciones declaradas probadas, como afirmar que la demandada guardaba documentación confidencial y jurídica de su propiedad en el despacho de la trabajadora».

El Tribunal recuerda que, si bien el art. 20.3 ET se atribuye al empresario la facultad de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana, hay que tener en cuenta que, en aplicación de «esta necesaria adaptabilidad de los derechos del trabajador a los razonables requerimientos de la organización productiva en que se integra, se ha afirmado que manifestaciones del ejercicio de aquellos que en otro contexto serían legítimas, no lo son cuando su ejercicio se valora en el marco de la relación laboral.»

En consecuencia, el Tribunal Superior respalda la valoración de la Juzgadora de Instancia y dictamina que estas acciones no superan el test de proporcionalidad ni idoneidad exigido por la doctrina del Tribunal Constitucional.

Conclusión

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia de instancia que declaró la vulneración del derecho a la intimidad personal de la trabajadora y mantiene la indemnización de 8.000€ que la empresa le debe abonar por dicha vulneración. Esta decisión subraya la importancia de respetar los procedimientos adecuados y las garantías legales al realizar registros en los espacios de trabajo de los empleados, especialmente en situaciones sensibles como un despido.

Puede leer la sentencia aquí.

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